viernes, 3 de diciembre de 2010

CODIGO DE COMERCIO


Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este Código y las demás

TITULO PRIMERO

De los Comerciantes:

Artículo 3o.- Se reputan en derecho comerciantes:
I.- Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;
II.- Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;
III.- Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.

Artículo 4o.- Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos ya elaborados de su industria, o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas.

Artículo 5o.- Toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo.

Artículo 9o.- Tanto el hombre como la mujer casados comerciantes, pueden hipotecar sus bienes raíces para seguridad de sus obligaciones mercantiles y comparecer en juicio sin necesidad de licencia del otro cónyuge, cuando el matrimonio se rija por el régimen de separación de bienes.

En el régimen Social Conyugal, ni el hombre ni la mujer comerciantes, podrán hipotecar ni gravar los bienes de la sociedad, ni los suyos propios cuyos frutos o productos correspondan a la sociedad, sin licencia del otro cónyuge.

Artículo 12.- No pueden ejercer el comercio:

I.- Los corredores;
II.- Los quebrados que no hayan sido rehabilitados;
III.- Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión.
La limitación a que se refiere la fracción anterior, comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la Sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena.
Artículo 13.- Los extranjeros serán libres para ejercer el comercio, según lo que se hubiere convenido en los tratados con sus respectivas naciones, y lo que dispusieren las leyes que arreglen los derechos yobligaciones de los extranjeros.

Artículo 14.- Los extranjeros comerciantes, en todos los actos de comercio en que intervengan, se sujetarán a este Código y demás leyes del país.

Artículo 15.- Las Sociedades legalmente constituidas en el extranjero que se establezcan en la República, o tengan en ella alguna agencia ó sucursal, podrán ejercer el comercio, sujetándose a las prescripciones especiales de este Código en todo cuanto concierna a la creación de sus establecimientos dentro del territorio nacional, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los tribunales de la Nación.

En lo que se refiera a su capacidad para contratar, se sujetarán a las disposiciones del artículo correspondiente del título de Sociedades extranjeras.

TITULO SEGUNDO

De las Obligaciones Comunes a todos los que Profesan el Comercio

Artículo 16.- Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados.
I.- A la publicación, por medio de la prensa, de la calidad mercantil; con sus circunstancias esenciales, y en su oportunidad, de las modificaciones que se adopten;
II.- A la inscripción en el Registro público de comercio, de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios
III.- A mantener un sistema de Contabilidad conforme al artículo 33.
IV.- A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante.

CAPITULO I

Del Anuncio de la Calidad Mercantil
Artículo 17.- Los comerciantes tienen el deber.

I.- De participar la apertura del establecimiento o despacho de su propiedad, por los medios de comunicación que sean idóneos, en las plazas en que tengan domicilio, sucursales, relaciones o corresponsables mercantiles; esta información dará a conocer el nombre del establecimiento o despacho su ubicación y objeto; si hay persona encargada de su administración, su nombre y firma; si hay compañía, su naturaleza, la indicación del gerente o gerentes, la razón social ó denominación y la persona ó personas autorizadas para usar una ú otra, y la designación de las casas, sucursales o agencias, si las hubiere;
II.- De dar parte, en igual forma, de las modificaciones que sufra cualquiera de las circunstancias antes referidas.

CAPITULO II

Artículo 19. La inscripción o matrícula en el registro mercantil será potestativa para los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas las sociedades mercantiles por lo que se refiere a su constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación y para los buques. Los primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea necesario.
Artículo 20.- El Registro Público de Comercio operará con un programa informático y con una base de datos central interconectada con las bases de datos de sus oficinas ubicadas en las entidades federativas. Las bases de datos contarán con al menos un respaldo electrónico.
Mediante el programa informático se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral.
Artículo 21.- Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que se anotarán:
I.- Su nombre, razón social o título.
II.- La clase de comercio u operaciones á que se dedique;
III.- La fecha en que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones;
IV.- El domicilio con especificación de las sucursales que hubiere establecido;
V. Los instrumentos públicos en los que se haga constar la constitución de las sociedades
mercantiles, así como los que contengan su transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación;
VI.- El acta de la primera junta general y documentos anexos á ella, en las sociedades anónimas que se constituyan por suscripción pública;
VII. Para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones;
IX.- La licencia que un cónyuge haya dado al otro en los términos del segundo párrafo del artículo 9o.;
X.- Las capitulaciones matrimoniales y los documentos que acrediten alguna modificación a las mismas;
XI.- Los documentos justificativos de los haberes ó patrimonio que tenga el hijo ó el pupilo que estén bajo la patria potestad, ó bajo la tutela del padre ó tutor comerciantes;
XII. El cambio de denominación o razón social, domicilio, objeto social, duración y el aumento o disminución del capital mínimo fijo;
XIV.- Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de ferrocarriles y de toda clase de sociedades, sean de obras públicas, compañías de crédito ú otras, expresando la serie y número de los títulos de cada emisión, su interés y amortización, la cantidad total de la emisión, y los bienes, obras, derechos ó hipotecas, cuando los hubiere, que se afecten á su pago. También se inscribirán con arreglo á estos preceptos, las emisiones que hicieren los particulares;
XIX.- Las autorizaciones de los corredores públicos para registrar información;
XX.- Las garantías mobiliarias que hubiere otorgado, así como los actos jurídicos por los que constituya un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes muebles a favor de terceros, en los términos de lo dispuesto por los artículos 32 bis 1 a 32 bis 9 del presente Capítulo.
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Artículo 22.- Cuando, conforme a la ley, algún acto o contrato deba inscribirse en el Registro Público de la Propiedad o en registros especiales, su inscripción en dichos registros será bastante para que surtan los efectos correspondientes del derecho mercantil, siempre y cuando en el Registro Público de Comercio se tome razón de dicha inscripción y de las modificaciones a la misma.

El registro de las garantías mobiliarias deberá sujetarse a lo establecido en la Sección Única del presente Capítulo.

Artículo 23.- Las inscripciones deberán hacerse en la oficina del Registro Público de Comercio del domicilio del comerciante, pero si se trata de bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellos, la inscripción se hará, además, en la oficina correspondiente a la ubicación de los bienes, salvo disposición legal que establezca otro procedimiento.

Artículo 24.- Las sociedades extranjeras deberán acreditar, para su inscripción en el Registro Público de Comercio, estar constituidas conforme a las leyes de su país de origen y autorizadas para ejercer el comercio por la Secretaría, sin perjuicio de lo establecido en los tratados o convenios internacionales.

Artículo 25.- Los actos que conforme a este Código u otras leyes deban inscribirse en el Registro Público de Comercio deberán constar en:

I.- Instrumentos públicos otorgados ante notario o corredor público;
II.- Resoluciones y providencias judiciales o administrativas certificadas;
III.- Documentos privados ratificados ante notario o corredor público, o autoridad judicial competente, según corresponda, o
IV.- Los demás documentos que de conformidad con otras leyes así lo prevean.
Artículo 26.- Los documentos de procedencia extranjera que se refieran a actos inscribibles podrán constar previamente en instrumento público otorgado ante notario o corredor público, para su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Las sentencias dictadas en el extranjero sólo se registrarán cuando medie orden de autoridad judicial mexicana competente, y de conformidad con las disposiciones internacionales aplicables.

Artículo 27.- La falta de registro de los actos cuya inscripción sea obligatoria, hará que éstos sólo produzcan efectos jurídicos entre los que lo celebren, y no podrán producir perjuicio a tercero, el cual sí podrá aprovecharse de ellos en lo que le fueren favorables.

Artículo 28.- Si el comerciante omitiere hacer la anotación o inscripción de los documentos que expresa la fracción X del artículo 21, podrá pedirla el otro cónyuge o cualquiera que tenga derecho de alimentos respecto de aquél.

Artículo 29.- Los documentos inscritos producirán su efecto legal desde la fecha de su inscripción, sin que puedan invalidarlos otros anteriores o posteriores no registrados.

Artículo 30.- Los particulares podrán consultar las bases de datos y, en su caso, solicitar las certificaciones respectivas, previo pago de los derechos correspondientes.

Las certificaciones se expedirán previa solicitud por escrito que deberá contener los datos que sean necesarios para la localización de los asientos sobre los que deba versar la certificación y, en su caso, la mención del folio mercantil electrónico correspondiente.

Cuando la solicitud respectiva haga referencia a actos aún no inscritos, pero ingresados a la oficina del Registro Público de Comercio, las certificaciones se referirán a los asientos de presentación y trámite.

La Secretaría podrá establecer, mediante lineamientos, mecanismos para el trámite y la expedición de certificaciones por medios electrónicos.

Artículo 31.- Los registradores no podrán denegar o suspender la inscripción de los actos que conforme al reglamento o lineamientos se consideren de registro inmediato. En los demás casos, tampoco podrán denegar o suspender la inscripción de los documentos mercantiles que se les presenten, salvo cuando:

I. El acto o contrato que en ellos se contenga no sea de los que deben inscribirse;
II. Esté en manifiesta contradicción con los contenidos de los asientos registrales preexistentes,
III. El documento de que se trate no exprese, o exprese sin claridad suficiente, los datos que deba contener la inscripción.

Si la autoridad administrativa o judicial ordena que se registre un instrumento rechazado, la inscripción surtirá sus efectos desde que por primera vez se presentó.

El registrador suspenderá la inscripción de los actos a inscribir, siempre que existan defectos u omisiones que sean subsanables. En todo caso se requerirá al interesado para que en el plazo que determine el reglamento de este Capítulo las subsane, en el entendido de que, de no hacerlo, se le denegará la inscripción.

Artículo 32.- La rectificación de los asientos en la base de datos por causa de error material o de concepto, sólo procede cuando exista discrepancia entre el instrumento donde conste el acto y la inscripción.

Se entenderá que se comete error material cuando se escriban unas palabras por otras, se omita la expresión de alguna circunstancia o se equivoquen los nombres propios o las cantidades al copiarlas del instrumento donde conste el acto, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción ni el de alguno de sus conceptos.

Se entenderá que se comete error de concepto cuando al expresar en la inscripción alguno de los contenidos del instrumento, se altere o varíe su sentido porque el responsable de la inscripción se hubiere formado un juicio equivocado del mismo, por una errónea calificación del contrato o acto en él consignado o por cualquiera otra circunstancia similar.

Registro Público de Comercio sólo podrán rectificarse con el consentimiento de todos los interesados en el asiento.

A falta del consentimiento unánime de los interesados, la rectificación sólo podrá efectuarse por resolución judicial.

El concepto rectificado surtirá efectos desde la fecha de su rectificación.

El procedimiento para efectuar la rectificación en la base de datos lo determinará la Secretaría en los lineamientos que al efecto emitan.

CAPITULO III

De la Contabilidad Mercantil

Artículo 33.- El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado.

Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos:

A) Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas.
B) Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa;
C) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información financiera del negocio;
D) Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales;
E) Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes.

Artículo 34.- Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, se deberán llevar
debidamente encuadernados, empastados y foliados el libro mayor y, en el caso de las personas
morales, el libro o los libros de actas. La encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio; sin perjuicio de los requisitos especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan relación con las obligaciones fiscales del comerciante.

Artículo 35.- En el libro mayor se deberán anotar, como mínimo y por lo menos una vez al mes, los nombres o designaciones de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del período de registro inmediato anterior, el total de movimientos de cargo o crédito a cada cuenta en el período y su saldo final.

Podrán llevarse mayores particulares por oficinas, segmentos de actividad o cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberá existir un mayor general en que se concentren todas las operaciones de la entidad.

Artículo 36.- En el libro o los libros de actas se harán constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que tomen las asambleas o juntas de socios, y en su caso, los consejos de administración.

Artículo 37.- Todos los registros a que se refiere este capítulo deberán llevarse en castellano, aunque el comerciante sea extranjero. En caso de no cumplirse este requisito el comerciante incurrirá en una multa no menos de 25,000. 00 pesos, que no excederá del cinco por ciento de su capital y las autoridades correspondientes podrán ordenar que se haga la traducción al castellano por medio de perito traductor debidamente reconocido, siendo por cuenta del comerciante todos los costos originados por dicha traducción.

Artículo 38.- El comerciante deberá conservar, debidamente archivados, los comprobantes originales de sus operaciones, de tal manera que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el registro que de ellas se haga, y deberá conservarlos por un plazo mínimo de diez años.

Artículo 41.- En el libro de actas que llevará cada sociedad, cuando se trate de juntas generales, se expresará: la fecha respectiva, los asistentes a ellas, los números de acciones que cada uno represente, el número de votos de que pueden hacer uso, los acuerdos que se tomen, los que se consignarán a la letra; y cuando las votaciones no sean económicas, los votos emitidos, cuidando además de consignar todo lo que conduzca al perfecto conocimiento de lo acordado. Cuando el acta se refiera a junta del consejo de administración, solo se expresará: la fecha, nombre de los asistentes y relación de los acuerdos aprobados. Estas actas serán autorizadas con las firmas de las personas a quienes los estatutos confieran esta facultad.

Artículo 42.- No se puede hacer pesquisa de oficio por tribunal ni autoridad alguna, para inquirir si los comerciantes llevan o no el sistema de contabilidad a que se refiere este capítulo.
Artículo 43.- Tampoco podrá decretarse, a instancia de parte, la comunicación, entrega o
reconocimiento general de los libros, registros, comprobantes, cartas, cuentas y documentos de los comerciantes, sino en los casos de sucesión universal, liquidación de compañía dirección o gestión comercial por cuenta de otro o de quiebra.

Artículo 44.- Fuera de los casos prefijados en el artículo anterior, sólo podrá decretarse la exhibición de los libros, registros y documentos de los comerciantes, a instancia de parte o de oficio, cuando la persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición.

El reconocimiento se hará en el lugar en que habitualmente se guarden o conserven los libros
registros o documentos, o en el que de común acuerdo fijen las partes, en presencia del comerciante o de la persona que comisione y se contraerá exclusivamente a los puntos que tengan relación directa con la acción deducida comprendiendo en ellos aún los que sean extraños a la cuenta especial del que ha solicitado el reconocimiento.

Artículo 45.- Si los libros se hallaren fuera de la residencia del tribunal que decrete su exhibición, se verificará ésta en el lugar donde existan dichos libros, sin exigirse su traslación al del juicio.

Artículo 46.- Todo comerciante está obligado a conservar los libros, registros y documentos de su negocio por un plazo mínimo de diez años. Los herederos de un comerciante

LIBRO QUINTO DE LOS JUICIOS MERCANTILES
CAPÍTULO IX DE LOS IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES Y EXCUSAS.


Todo magistrado, juez o secretario, se tendrá por forzosamente impedido para conocer en los casos.
En negocios en que tenga interés directo o indirecto, interesen de la misma manera a sus parientes consanguíneos en línea directa, cuando tengan pendientes el juez o sus expresados parientes un pleito, que sea el juez actualmente socio, arrendatario o dependiente de alguna de la parte. Perito o testigo o haber conocido el negocio.

CAPÍTULO X MEDIOS PREPARATORIOS DEL JUICIO.

El juicio podrá prepararse, pidiendo declaración bajo protesta el que pretenda demandar, de aquel contra quien se propone dirigir la demanda, pidiendo la exhibición de la cosa mueble, pidiendo al comprador o vendedor la exhibición de titulo u otros documentos que se refieran a la cosa vendida, pidiendo el examen de testigos, el juicio pericial o la inspección judicial el estado de los bienes, el juez puede disponer lo que crea conveniente, ya para cerciorarse de la personalidad de que solicita la diligencia preparatoria.

CAPÍTULO X MEDIOS PREPARATORIOS DEL JUICIO.

Cuando se pida la exhibición de un protocolo o de cualquier otro documento archivado en oficina pública, si el juez concede la diligencia, se aplicaran las reglas establecidas para la práctica de las pruebas testimonial, pericial o la inspección judicial.

Es obligación del tribunal ordenar se expidan copias certificadas de todo lo actuado en los medios preparatorios a juicio de que se trate.

Puede prepararse el juicio ejecutivo, pidiendo al deudor confesión judicial bajo protesta de decir verdad.
El documento privado que contenga deuda liquida y sea de plazo cumplido, permitirá al acreedor, promover medios preparatorios a juicio exhibiendo el documento al juez.
El notario o corredor harán constar el reconocimiento al pie del documento, mismo, asentando si la persona que lo reconoce es el obligado.

CAPÍTULO XII REGLA GENERALES SOBRE LA PRUEBA.

El que afirma está obligado a probar, el actor su acción y el reo sus excepciones.
El que niega no es obligado a probar, sino que su negación envuelva afirmación de un hecho.
También está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal.
Solo los hechos están sujetos a prueba, el derecho lo estará cuando se funde en leyes extranjeras.

CAPÍTULO XIII DE LA CONFESIÓN.

La confesión puede ser judicial o extrajudicial.
Es judicial la confesión que se hace ante juez competente, ya al contestar la demanda, ya absorbiendo posiciones.
Se considera extrajudicial la confesión que se hace ante juez incompetente
Existan hechos concretos en la demanda y contestación que justifiquen dicha exigencia,
El mandatario o representante será conocedor de todos los hechos controvertido de su mandante o representado, así no podrá manifestar que no conoce los hechos de aquel por quien absuelve.
Tratándose de personas morales también aplicar lo anterior.

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO XIV DE LOS INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS.

Son instrumentos públicos que están reputados como tales en las leyes comunes y además las pólizas de contratos mercantiles celebrados con intervención de corredores y autorizados por este, conforme a lo dispuesto en el presente código.

Siempre que uno de los litigantes pidiere copia o testimonio de la parte de un documento obre en los archivos públicos, el contrario tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento.


CAPITULO XV DE LA PRUEBA PERICIAL.

Los peritos deben tener cedula o titulo en la ciencia, arte, técnica, oficio o industria a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si la ciencia, arte, técnica, oficio o industria requieren titulo para su ejercicio. El titulo de habilitación de corredor público acredita para todos los efectos la calidad de perito valuador.

Asimismo, se consignaran los hechos al Ministerio Publico para efectos de investigación de falsedad en declaraciones judiciales, o cualquier otro delito, además de remitir copia de la resolución al tribunal pleno, para las sanciones que correspondan.
CAPITULO XVI DEL RECONOCIMIENTO INSPECCIÓN JUDICIAL.

El reconocimiento o inspección judicial puede practicarse a petición de parte o de oficio si el Juez lo cree necesario, sus representante o abogados pueden concurrir a la inspección y observaciones oportunas, del desconocimiento se levantara una acta.

CAPITULO XVII DE LA PRUEBA TESTIMONIAL.

Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben de probar, están obligados a declarar como testigos, se entregarán las cédulas de notificación, cuando realmente estuvieren imposibilitadas para hacerlo, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad y pedirán que se le cite, para los testigos no se presentara por escrito, las preguntas serán formulas verbal y directamente por la parte. Tienen que ser claras para que en una sola no se comprenda más de un hecho.

CAPÍTULO XVIII DE LA FAMA PÚBLICA.

Para que la fama pública sea admitida como prueba, se refiere a épocas anterior al principio del pleito, que sea uniforme, constante y aceptada por la generalidad de la población, sino una tradición racional o algunos hechos que, aunque indirectamente la comprueben, la fama pública de probarse con tres o más testigos, oyeron referir el suceso.

CAPÍTULO XIX DE LAS PRESUNCIONES.

Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido, la primera se llama legal y la segunda humana.

Hay presunción legal, cuando la ley la establece expresamente, Cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley, hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel.

CAPÍTULO XX DEL VALOR DE LAS PRUEBAS.

La confesión judicial hace pruebas plena cuando concurren en ella las circunstancias. Que sea hecha por persona capaz de obligarse, en pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, propio y concerniente al negocio. Cuando la confesión judicial haga prueba plena y afecta a toda la demanda, cesará el juicio ordinario, si el actor lo pidiere así, por vía ejecutiva.

El valor de la prueba testimonial queda al arbitrio del juez, que se uniforma que convenga en la sustancia, sino en los accidentes del acto que refieren. Que den fundada razón de su dicho. Para valorar las declaraciones de los testigos, el juez tendrá en consideración las circunstancias, por edad, capacidad, criterio, que tenga completa imparcialidad, declaración sea aclara y precisa.

CAPÍTULO XXI DE LAS TACHAS.

Dentro de los tres días que sigan a la declaración de los testigos, podrán las partes tachar a los testigos por causas que esto no hayan expresado en su declaración.

No es tachable el testigo presentado por ambas partes. En las pruebas de tacha se observarán las reglas que en las comunes. Las tachas deben contraerse únicamente a las personas de los testigos, los vicios que hubiere en los dichos o en la forma de las declaraciones,

CAPÍTULO XXII DE LAS SENTENCIAS.

Las sentencias son definitivas es la que decide el negocio principal, sentencia interlocutoria es la que decide un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia.

Toda sentencia deber ser fundada en la ley, la sentencia debe ser clara y al establecer el derecho debe absolver o condenar. Cuando son varios puntos de litigiosos se separan la de aclaraciones.

CAPITULO XXIII DE LA ACLARACIÓN DE SENTECIA.

El juez, al aclarar las cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u oscuras de la sentencia, la interposición del recurso de aclaración de sentencia, interrumpe el término señalado para la apelación.

CAPÍTULO XXIV DE LA REVOCACIÓN Y REPOSICIÓN.

Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguiente a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar.

CAPÍTULO XXV DE LA APELACIÓN.

Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación.

Puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo. No procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o sea inferior a doscientos mil pesos, las sentencias interlocutorias son apelables.

CAPÍTULO XXVI DEL TRAMITE DE APELACIÓN

En los casos que la parte que se sienta agraviada por una resolución judicial que sea apelable, dentro del tercer día siguiente de aquel en que surta efectos su notificación, hacer por escrito su inconformidad apelando preventivamente esta sin agravios. Apelaciones que se interpongan, auto que niegue la admisión de la demanda.

CAPÍTULO XXVII DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS.

Debe de ejecutar la sentencia el juez que la dicto en primera instancia, o el designado en el compromiso en caso de procedimiento convencional.

Cuando se pida ejecución de sentencia o convenio, si no hay bienes embargados, se procede al embargo, sentencia y resoluciones dictadas en el extranjero, establecida en los tratados en que México sea parte en materia de exhortos proveniente del extranjero.

Que el demandado haya sido notificado, que tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados y no existan recursos ordinarios en su contra. El juez podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o resoluciones jurisdiccionales extranjeras

CAPÍTULO XXVIII DE LOS INCIDENTES.

Los incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen inmediata con el negocio principal, los incidentes se substanciarán por cuenta separada, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitaran verbalmente en las audiencias o por escrito.

CAPÍTULO XXIX DE LA ACUMULACIÓN DE AUTOS.

La acumulación de autos solo podrá decretarse a instancia de parte legitima, salvo los casos en que, conforme a la ley, deba hacerse de oficio. La acumulación puede pedirse en cualquier estado del juicio antes de pronunciase sentencia.

CAPÍTULO XXX DE LA TERCERIAS.

Un juicio seguido por dos o más personas, puede un tercero presentarse a deducir otra acción, este nuevo litigante se llama tercer opositor, las tercerías son coadyuvantes o excluyentes, coadyuvante la tercería que auxilia la pretensión del demandante o la del demandado, los demás se llaman excluyentes.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS JUICIOS ORDINARIOS.

Todas las contiendas entre partes que no tengan señalar tramitación especial en las leyes mercantiles. En el escrito de demanda el acto deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, proporcionara los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos contenidos en la demanda y copias de los documentos.

TÍTULO TERCERO DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS.

El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosas juzgada y la arbitral que sea inapelable, los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos, la confesión judicial del deudor, los títulos de crédito, la póliza de seguros conforme a la ley de la materia.

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